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April 30, 2026
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Tara Tidwell Cullen, NIJC, ttidwellcullen@immigrantjustice.org
Demanda Busca Bloquear Nueva Política que Impide a No Ciudadanos con Solicitudes Migratorias Pendientes Completar la Toma de Datos Biométricos
Washington, D.C. — Un grupo de personas no ciudadanas detenidas, representadas por Democracy Forward, el National Immigration Project y el National Immigrant Justice Center, presentó hoy una demanda colectiva impugnando una nueva política de la administración Trump-Vance que impide a los inmigrantes detenidos completar los procesos de toma de datos biométricos —incluyendo huellas dactilares y fotografías— para solicitudes presentadas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), lo que automáticamente provoca la denegación de sus solicitudes migratorias.
La demanda, presentada ante la Corte Distrital del Distrito de Columbia, sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha creado un sistema que exige a las personas que presenten datos biométricos como parte de sus solicitudes migratorias, mientras al mismo tiempo se niega a recolectar esa información de quienes se encuentran en centros de detención.
Como resultado, personas elegibles pierden la oportunidad de buscar un estatus migratorio legal, incluyendo vías disponibles para sobrevivientes de trata de personas, niños abusados y abandonados, y quienes buscan reunirse con familiares.
“En su afán por bloquear las vías hacia la inmigración legal, la administración Trump-Vance ha creado una vez más una trampa ilegal para las personas no ciudadanas, estableciendo un sistema en el que se les exige cumplir un requisito y luego se les impide cumplirlo”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Esta política es tan ilegal como cruel: despoja a las personas de sus derechos legales, cierra caminos hacia la seguridad y la estabilidad, y acelera las deportaciones sin el debido proceso. Para momentos como este existen los tribunales. Estamos pidiendo al tribunal que restablezca el acceso a las protecciones legales garantizadas por el Congreso.”
"El gobierno no llegó a este resultado por accidente. Lo diseñó deliberadamente," dijo Michelle Mendez, Directora de Recursos Legales y Capacitación del Proyecto Nacional de Inmigración. "Exigen datos biométricos, se niegan a recopilarlos y luego castigan a las personas por la brecha que ellos mismos crearon. Eso no es administración, eso es una trampa. Un proceso deliberadamente roto que ahora citan como prueba de que las personas eligibles para beneficios y protecciones merecen ser deportadas. Le pedimos al tribunal que vea este esquema exactamente por lo que es."
"El National Immigrant Justice Center representa a muchas personas atrapadas en centros de detención de ICE que han presentado solicitudes para convertirse en residentes permanentes legales o para buscar protección contra la trata, el abuso o la persecución. Ahora, estas solicitudes están siendo saboteadas porque ICE está impidiendo que las personas proporcionen la información biométrica requerida por USCIS," dijo Mary Georgevich, abogada senior de litigios del National Immigrant Justice Center. "Sin la intervención del tribunal, la administración Trump-Vance utilizará esta nueva política de deportación masiva para separar sistemáticamente a más familias y deportar a más personas al peligro, incluso si tienen solicitudes pendientes de protección legal."
La demanda destaca el impacto real de esta política en las personas detenidas con solicitudes pendientes. Uno de los demandantes, un joven sobreviviente de abuso, ya ha visto denegada su solicitud una vez porque no se recolectaron sus datos biométricos mientras estaba detenido, y ahora enfrenta el mismo resultado. Otro demandante, sobreviviente de trata de personas, no pudo asistir a una cita programada para la toma de datos biométricos porque fue detenido y no trasladado, lo que le impidió completar su solicitud, y ahora enfrenta el riesgo de deportación.
La ley federal exige que el USCIS adjudique adecuadamente las solicitudes de beneficios migratorios debidamente presentadas y la toma de datos biométricos es un paso obligatorio en ese proceso. La demanda alega que la política del DHS viola la ley federal de inmigración, la Ley de Procedimiento Administrativo y la garantía de debido proceso de la Quinta Enmienda, al impedir de facto que las personas detenidas accedan al alivio al que legalmente tienen derecho.
Las y los demandantes solicitan a la corte que bloquee la aplicación de la política, la deje sin efecto y restablezca el acceso al proceso de solicitud mientras el caso continúa.
El caso es J. Z. et al. v. U.S. Department of Homeland Security et al. El equipo legal inclue: Sean Ouellette, Anne Swift, Jennie Kneedler, Paul Wolfson y Elena Goldstein de Democracy Forward; Michelle Mendez del Proyecto Nacional de Inmigración; y Mary Georgevich, Keren Zwick, Richard Caldarone, Gerardo Romo y Nicole May del National Immigrant Justice Center.
Lea la demanda aquí.